Moncloa se prepara para el recrudecimiento de la crisis a la vuelta del verano

Moncloa se prepara para el recrudecimiento de la crisis a la vuelta del verano

Empleo Sánchez pide ahora «leer los datos del paro con lentes distintas» y Calviño ya no descarta la recesión

La preocupación del Gobierno por la evolución económica en los próximos meses se ha disparado. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, llevaba tiempo avisando de la «incertidumbre» y dando muestras de nerviosismo. Y tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habían advertido de que el dato de paro de julio no sería tan positivo.

Pero la insólita destrucción de empleo que se produjo el mes pasado fue mucho más allá y supone un cambio, un punto de inflexión que también reconocen en Moncloa a pesar de que el presidente del Gobierno, tratase de ignorar esta situación el pasado martes en Palma. Y tal es el cambio que ya no se niega la recesión que hasta ahora era un tabú, y el Ejecutivo se prepara para un otoño e invierno que serán especialmente complejos marcados por el frenazo económico, la elevada inflación, las propias cifras de desempleo y lo que pueda ocurrir en Europa y, especialmente, en Alemania.

Que el Gobierno descuenta ya de manera oficial una desaceleración sensible queda patente en la reducción en ocho décimas del crecimiento esperado para el próximo año. Porque el dato de este año no bajará del 4% salvo hecatombe. Un 4,3%, según el Ejecutivo. Pero para el próximo la cifra del Economía es del 2,7%, y estimaciones como las de BBVA Research prevén un repunte de apenas un 1,8% y avisan incluso de una recesión técnica.

«Las razones incluyen la escasez de materias primas, el incremento en su precio y la reciente traslación que se ha observado de este aumento en los costes de producción hacia la inflación, así como el esperado repunte en la carga financiera de empresas y familias a medida que el BCE avance en la retirada de estímulos monetarios», se expone en el último informe del servicio de estudios.

El resultado de todo ello es que España tardará todavía más en volver a los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la pandemia. El conjunto de la Eurozona lo hizo ya en 2021 y, en principio, la economía española lo conseguiría en 2022. Después se apuntó al primer semestre de 2023, más tarde fue la segunda parte de ese mismo año, y ahora ya hay voces que empiezan a señalar 2024.

La futura evolución de la inflación tampoco resulta alentadora. Después de que el IPC haya subido un 10,8% en el mes de julio, récord de los últimos 38 años, el Ejecutivo ya ha admitido que la inflación será «más alta, durante más tiempo». En su última revisión de las previsiones económicas, realizada a finales de julio, ya actualizó al alza su previsión del deflactor de consumo hasta el 7,8% para el promedio del año. Hasta la fecha, los precios han subido de media un 8,7%. Calviño señaló esta semana que su previsión, en línea con la del BC E y el Banco de España, es que «la inflación se vaya moderando» a partir de septiembre. «Vamos a hacer todo lo posible [para que baje] con medidas que sean coherentes con nuestros objetivos a medio plazo», prometió.

La previsión, no obstante, no tiene en cuenta una hipotética restricción del gas que Rusia suministra a Europa y que, en caso de producirse en el tercer trimestre, podría provocar un nuevo repunte de la ola inflacionista. La propia vicepresidenta reconoció que, en verdad, el futuro depende de eso, y el miedo a que se materialice esta amenaza, unido a la pérdida de poder adquisitivo que sufren los hogares, está fomentando la incertidumbre y desincentivando la demanda, algo que ya repercute al sector manufacturero y a los servicios.

Ante el hundimiento de los pedidos, la industria tuvo que recortar la producción en el mes de julio al nivel más bajo del último año y medio, con cierres temporales y totales, paros e incluso recorte de plantilla por parte de muchas empresas en el país. El índice PMI del sector, publicado este lunes por S&P, se situó en los 48,7 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2020 y por debajo de los 50 puntos, que es el límite que marca la diferencia entre la contracción y el crecimiento.

«Las empresas encuestadas informaron que las ventas se han desplomado debido a un entorno cada vez más incierto, y algunas empresas prevén una recesión en la segunda mitad del año», explicó la compañía.

El sector servicios sí registró un crecimiento en julio, según este mismo indicador, pero la confianza de las empresas se desplomó al menor nivel desde agosto de 2020. «Los temores a una recesión en la segunda mitad del año son cada vez más habituales», explicaron los analistas de la firma.

Esta ralentización de la economía ya se ha contagiado al empleo: este julio por primera vez en más de 20 años se destruyeron puestos de trabajo (en total, 7.366) y el paro aumentó en 3.230 personas. Calviño reconoció «la ralentización del mercado de trabajo, la mayor incertidumbre y el menor dinamismo», mientras que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, calificó los datos como «malos», advirtió de que agosto será un mal mes para el mercado laboral y afirmó que no sería sorprendente ni llamativo que el paro entrara en un ciclo de estacionalidad negativa. Él mismo dio a entender que existe un cambio de ciclo económico, aunque mejor preparados gracias a la reforma laboral.

A la luz de los datos, empresarios y economistas ya han avisado de que se va a producir una «desaceleración preocupante del empleo« y que el otoño será «complicado», un mensaje que ya se ha instalado en la opinión pública y que utiliza la oposición para cargar contra el Gobierno. «Sánchez está cayendo en el error de Zapatero: negar la crisis», sentenciaba este martes Elías Bendodo, coordinador general del PP.

Las cifras de la Agencia Tributaria seguirán marcando previsiblemente máximos históricos. En los primeros seis meses, la recaudación tributaria superó ya los 100.000 millones y Hacienda estima que el dato final supere holgadamente sus propias previsiones. Gracias a ello, explican tanto en el Ministerio de Hacienda como en Moncloa, se está pudiendo dar forma a los sucesivos decretos anti-crisis.

Para el próximo año, con la agudización de la crisis, las cifras podrían no ser tan positivas pero el Gobierno ya trabaja en ello con los dos nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas. Su estimación es ingresar 7.000 millones y, aunque las compañías afectadas denuncien, las compañías tendrán que pagar el impuesto. Luego, si en el futuro la justicia diese la razón a los demandantes, el Gobierno de ese momento estaría obligado a devolver lo ingresado.

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